La crisis que enfrenta Nicaragua desde abril del 2018, mantiene un éxodo permanente de ciudadanos que buscan refugio en otros países y de esa manera poder proteger sus vidas e integridad ante la inminente amenaza de ser encarcelados o asesinados por grupos oficiales o paramilitares del régimen Ortega Murillo.
Pero el éxodo no es fácil, al llegar a otro país deben de enfrentarse a un proceso migratorio que les garantice su permanencia en el país, sumado a la fractura económica que deja el tener que salir por puntos ciegos, sin ropa suficiente y en algunos de los casos, sin dinero para solventar los gastos en el país de destino.
Todos estos factores, sumados a otros de estrategia política impulsan a varios grupos de nicaragüenses a retornar, aun sabiendo que no existen las garantías constitucionales ni estatales para un regreso a Nicaragua, tomando en cuenta la carestía de la vida, el alto índice de represión, persecución, hostigamiento y asedio policial que en los últimos meses ha incrementado de manera significativa.
Ante este fenómeno, el doctor Álvaro Leiva Sánchez, secretario ejecutivo y representante legal de Anpdh, advierte a la población nicaragüense en el exilio para que considere su retorno a Nicaragua.
“Puede ser que nosotros, todos los nicaragüenses tengamos voluntad de retorno, pero no podemos, más aún cuando miramos que el régimen Ortega Murillo no tiene respeto ni tolerancia hacia los derechos humanos de sus ciudadanos”, expresó el doctor Leiva Sánchez.
A su vez, el funcionario de la Anpdh resaltó que en Nicaragua siguen ocurriendo “secuestros, asesinatos selectivos, violaciones de derechos humanos y una grave crisis” y enfatizó que “lamentablemente no están dadas las mejores condiciones para un retorno seguro y que garantice el resarcimiento de las víctimas de la represión”.
Según la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Acnur, las condiciones para un retorno son “la voluntad, seguridad y el resarcimiento”.
Solo en Costa Rica se estima que más de 80 mil nicaragüenses han solicitado estatus de refugio en la Dirección de Migración y Extranjería del país, sumada a las denuncias que recibe a diario la Anpdh, sobre violaciones de derechos humanos en Nicaragua.
