ANPDH

ASOCIACIÓN NICARAGÜENSE PRO-DERECHOS HUMANOS (ANPDH) – NICARAGUA

Embajador Peter Derrek y Dr. Álvaro Leiva S.

Dr. Álvaro Leiva se reunió con embajador del Reino de los Países Bajos

Atendiendo a una invitación oficial, el secretario de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), Dr. Álvaro Leiva Sánchez, se reunió este martes 03 de septiembre con el embajador del Reino de los Países Bajos en Costa Rica, Peter Derrek HOF, quien también es concurrente para los demás países centroamericanos, incluyendo a Nicaragua.

 Durante la conversación realizada en la sede diplomática, el embajador europeo evidenció un amplio y detallado conocimiento de la situación política nicaragüense y de la crisis que vive el país centroamericano tras el estallido sociopolítico de abril de 2018.

 Por su parte, el Dr. Álvaro Leiva Sánchez agradeció la invitación y la oportunidad de exponer el criterio de la ANPDH sobre la situación de nuestro país; acerca de las posibles soluciones a la crisis desde la perspectiva de los derechos humanos y sobre la situación de los miles de refugiados que han llegado a Costa Rica a raíz de la insurrección cívica y la subsiguiente ola de represión que hasta la fecha ha dejado más de 600 ciudadanos asesinados.

 El embajador Derrek se mostró muy interesado en el punto de vista del doctor Leiva Sánchez, quien hizo una especie de resumen ejecutivo de los principales acontecimientos de la grave situación que vive Nicaragua y del papel de la ANPDH alrededor de la misma desde su fundación en 1982.

 Leiva Sánchez hizo énfasis en que la represión política en Nicaragua no empezó en abril de 2018 porque “Ortega viola los derechos humanos desde los años 80’s, es decir, tiene 40 años de violar los derechos humanos”.

 Narró además las circunstancias de represión y persecución por parte del régimen en contra de su persona y de otros defensores de derechos humanos de la ANPDH, lo que obligó a su exilio en julio del año pasado. “Primero salimos clandestinamente hacia Honduras y posteriormente el Gobierno de Costa Rica nos brindó su apoyo y solidaridad”, afirmó Leiva Sánchez, quien es el único nicaragüense que en este momento goza del estatus de asilado político en Costa Rica tras el estallido social y político del año pasado.

Más adelante, el secretario de la ANPDH expresó al embajador Derrek que no está dispuesto a regresar a Nicaragua en las actuales circunstancias porque “no puede haber paz social si no hay justicia”. Seguidamente agrego que “Ortega debe pagar su deuda por los delitos de genocidio y de Lesa Humanidad contra el pueblo nicaragüense”.

 Leiva dijo además que Ortega quiere irse del poder bajo cuatro premisas:

  1. Quedarse en Nicaragua
  2. Quedarse con su fortuna mal habida
  3. Gobernar desde abajo
  4. Garantizarse impunidad total por los crímenes y otros delitos cometidos.
 Leiva señaló que dichas premisas o condiciones son inaceptables y lesionan la dignidad del pueblo nicaragüense, no garantizarían la paz social ni política  en el país y mantendrían intactas las estructuras del poder dictatorial que se fundamentan en las armas en manos de los paramilitares, del ejército y de la policía sandinista, que no son fuerzas armadas nacionales sino al servicio de la familia Ortega Murillo.
 
“Por el contrario, la mayoría de los nicaragüenses soñamos con una Nicaragua democrática en la que el ejército sea proscrito”, agregó el doctor Leiva Sánchez.
 
¿Salida negociada a la crisis?

El diplomático europeo consultó al doctor Leiva su criterio sobre una eventual negociación con Ortega para permitir una salida pacífica a la crisis nicaragüense.
 
 Leiva Sánchez respondió que está de acuerdo con la búsqueda de una alternativa pacífica pero que la misma debe contemplar la salida de Ortega del poder y la inmediata instalación de un gobierno de transición que permita la implementación de la justicia real y efectiva para los violadores de derechos humanos. Además, este gobierno de transición deberá sentar las bases de la institucionalidad y del estado de derecho, que han sido demolidos por el sandinismo y finalmente, dar inicio a un programa efectivo de recuperación económica que de confianza a la sana inversión nacional y extranjera.
 
De acuerdo con Leiva Sánchez, este proceso de transición es indispensable para que en el país puedan realizarse comicios generales realmente libres, democráticos, creíbles y con amplia observación de organismos nacionales e internacionales.
 
“Pero, ¿cómo llegar a ese gobierno de transición?”, le preguntó a Leiva Sánchez el embajador Peter Derrek. A lo que Leiva respondió:

“Como se llegó al derrocamiento de Somoza en 1979. Con una gran presión internacional que conduciría al desconocimiento del régimen de Ortega y su eventual aislamiento, que incluye la aplicación de la Carta Democrática de la OEA y sanciones de parte de los Estados Unidos y la Unión Europea”.
 
 “Es importante resaltar -agregó Leiva- que los Estados Unidos y la Unión Europea tienen como política no negociar con terroristas, por lo que no me parece justo que se quiera imponer al pueblo nicaragüense una negociación con un régimen terrorista, vinculado con el crimen organizado y el narcotráfico, que ha cometido graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo delitos de genocidio y de Lesa Humanidad”.
 
“Mientras Ortega renuncia, gracias a la presión internacional y la de la ciudadanía, en un país amigo del pueblo nicaragüense debe instalarse una junta de gobierno de transición, la cual deberá ser reconocida de inmediato por los gobiernos y pueblos demócratas del orbe, tal y como sucedió en 1979 con la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional (de la cual el mismo Ortega formó parte) y que se constituyó en territorio costarricense aun estando Anastasio Somoza Debayle en el poder”, continuó el doctor Álvaro Leiva Sánchez.
 
Leiva recordó que Ortega no solo ha asesinado a nicaragüenses, sino que “tiene una gran deuda con países como Brasil, Costa Rica y Estados Unidos, pues ciudadanos de esas naciones también han perecido a manos de la dictadura genocida”, haciendo referencia a los asesinatos de Eddy Montes (estadounidense y ex marine), Raynéa Da Costa Lima (una médico brasileña asesinada por paramilitares) y del defensor de derechos humanos y del medio ambiente, Vicente Rappaccioli Navas (nacido en Nicaragua pero nacionalizado costarricense desde hace muchos años).

Al finalizar la conversación, desarrollada en un ambiente de cordialidad y respeto mutuo, el doctor Leiva Sánchez invitó al embajador del Reino de los Países Bajos a visitar la sede de la ANPDH, invitación que fue aceptada inmediatamente por el diplomático para los próximos días.
 
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