La Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (A.N.P.D.H) a través de sus defensores de derechos humanos en Nicaragua ha venido denunciado nacional e internacionalmente, por más de 10 años, las violaciones a los derechos humanos de la sociedad nicaragüenses por parte del Presidente del Poder Ejecutivo. Daniel Ortega ha centralizado los poderes del Estado cayendo en una dictadura que ha socavado los derechos humanos, la institucionalidad y la democracia en Nicaragua trayendo como consecuencias la indolencia, la injusticia, la impugnada y las restricciones a la libertad de movilización y de expresión afectando a la sociedad nicaragüense. A la vez se ha comprometido de manera negativa y lesiva la imagen de la seguridad jurídica, el Estado Social de Derecho y la estabilidad de los inversionistas nacionales y extranjeros para el desarrollo socio económico de Nicaragua.
En abril de dos mil dieciocho inicia la crisis sociopolítica más aguda de los últimos 30 años en el país, a raíz de una reforma al Reglamento de la Ley de Seguridad Social, aprobada por el Poder Ejecutivo de la República de Nicaragua a través de la Resolución del Consejo Directivo del (INSS) 1-317 y Decreto Presidencial No.03-2018 publicado en la Gaceta No. 72, del 18 de abril de ese año, que violentaba los derechos humanos de los trabajadores asegurados, los empleadores, los jubilados. La reforma per sé no resolvían los verdaderos problemas que el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) enfrentaba desde el 2011. Esta reforma fue derogada el 22 de abril de 2018 por el poder ejecutivo producto de la presión social, numerosas protestas, que hasta hoy persisten.
Desde el primer día de estas protestas cívica y pacifica que ejerció la sociedad civil nicaragüense en su gran mayoría como un derecho constitucional y humano la ASOCIACIÓN NICARAGÜENSE PRO-DERECHOS HUMANOS (A.N.P.D.H), se integró por completo junto a todos sus defensores de derechos humanos de Nicaragua a prestar asistencia humanitaria y a defender los derechos humanos de todo aquel ciudadano o victima nicaragüense o extranjero que lo demandara o necesitara. Además de salvar vidas de las partes en conflictos reflejada en un ejercicio de intercambio de ciudadanos civiles que protestaban por policías, familiares de policías, miembros del ejército y miembros activos militantes del partido de gobierno Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) detenidos por los ciudadanos que se encontraba en protesta cívica y pacifica como un derecho constitucional y humano.
Debido a la asistencia humanitaria servida por ANPDH en medio de la crisis socio política del país, los defensores de la institución fueron perseguidos y amenazados de muerte tanto por para policías como por funcionarios de la Policía Nacional. En el período del 3 al 11 de mayo de 2018 en República Dominicana dentro del marco de las audiencia pública del 168 Período Extraordinario de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en República Dominicana el defensor de derechos humanos Álvaro Leiva Sánchez de la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (A.N.P.D.H) procede a solicitar MEDIDA CAUTELAR DE PROTECCION Y SU NUCLEO FAMILIAR del defensor de derechos humanos Danilo Antonio Martínez Rodríguez medida cautelar que fue dada con lugar con la resolución número 36/2018 por ser procedente ya que este defensor de derechos humanos de la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (A.N.P.D.H) había sido amenazado y su vida corría peligro en su trabajo de defensor de derechos humanos de Nicaragua. De igual forma en fecha subsiguiente se solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) MEDIDA CAUTELAR DE PROTECCION Y SU NUCLEO FAMILIAR del defensor de derechos humanos Álvaro Leiva Sánchez de la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (A.N.P.D.H) medida cautelar que fue dada con lugar con la resolución número 38/2018 por ser procedente ya que este defensor de derechos humanos de la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (A.N.P.D.H).
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La Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos (A.N.P.D.H) a través de sus defensores de derechos humanos en Nicaragua ha venido denunciado nacional e internacionalmente, por más de 10 años, las violaciones a los derechos humanos de la sociedad nicaragüenses por parte del Presidente del Poder Ejecutivo. Daniel Ortega ha centralizado los poderes del Estado cayendo en una dictadura que ha socavado los derechos humanos, la institucionalidad y la democracia en Nicaragua trayendo como consecuencias la indolencia, la injusticia, la impugnada y las restricciones a la libertad de movilización y de expresión afectando a la sociedad nicaragüense. A la vez se ha comprometido de manera negativa y lesiva la imagen de la seguridad jurídica, el Estado Social de Derecho y la estabilidad de los inversionistas nacionales y extranjeros para el desarrollo socio económico de Nicaragua.
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